Guía de orientación regulatoria

Acuerdos internacionales firmados por México en materia espacial

De GOR
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El 4 de octubre de 1957 fue un hito en la historia de la humanidad debido al lanzamiento exitoso del primer satélite artificial por parte de la Unión Soviética. Este suceso marcó el inicio de la carrera espacial, principalmente entre los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, quienes se encontraban inmersos en lo que hoy se conoce como la guerra fría.

La guerra fría fue un sinónimo de una carrera armamentista que amenazaba extenderse hacia el espacio. En 1963, la Asamblea General de ONU adoptó la Resolución 1962 (XVIII) -- Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. Esta resolución estableció que el uso del espacio ultraterrestre debe regirse con los siguientes principios:

  1. La exploración y la utilización del espacio ultraterrestre deberán hacerse en provecho y en interés de toda la humanidad.
  2. El espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes podrán ser libremente explorados y utilizados por todos los Estados en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional.
  3. El espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropiación nacional mediante reivindicación de soberanía, mediante el uso y la ocupación, ni de ninguna otra manera.
  4. Las actividades de los Estados en materia de exploración y utilización del espacio ultraterrestre deberán realizarse de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y del fomento de la cooperación y la comprensión internacional.
  5. Los Estados serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales, así como de asegurar la observancia, en la ejecución de esas actividades nacionales y de los principios enunciados en la presente Declaración.
  6. En la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, los Estados se guiarán por el principio de la cooperación y la asistencia mutua y en todas sus actividades en el espacio ultraterrestre deberán tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes de los demás Estados.
  7. En el Estado en cuyo registro figure el objeto lanzado al espacio ultraterrestre, retendrán su jurisdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre. Cuando esos objetos o esas partes componentes sean hallados fuera de los límites del Estado en cuyo registro figuren, se devolverán a ese Estado, que deberá proporcionar, antes de que se efectúe la devolución, los datos de identificación que en su caso se soliciten.
  8. Todo Estado que lance u ocasione el lanzamiento de un objeto al espacio ultraterrestre, y todo Estado desde cuyo territorio o cuyas instalaciones se lance un objeto, serán responsables internacionalmente, de los daños causados a otro Estado extranjero o a sus personas naturales o jurídicas por dicho objeto o sus partes componentes en tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre.
  9. Los Estados considerarán a todos los astronautas como enviados de la humanidad en el espacio ultraterrestre, y les prestarán toda la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de un Estado extranjero o en alta mar. Los astronautas que hagan dicho aterrizaje serán devueltos por medio seguro y sin tardanza al Estado de registro de su vehículo espacial.

Estos principios se pueden considerar como la base jurídica general para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y han servido como marco de referencia para el desarrollo del derecho espacial. Posterior a la declaración de principios, la ONU elaboró cinco tratados que fueron firmados por diferentes estados miembros, los cuales, prácticamente desglosan los conceptos contenidos en la declaración de principios

Estos cinco tratados, a los cuales se les refiere como “los cinco tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre” (revisar Anexo 1), abordan aspectos como la no apropiación del espacio exterior; la no proliferación de armas de destrucción masiva; libertad de exploración; reparación de daños causados por objetos espaciales; rescate de astronautas y vehículos espaciales; la prevención de impactos negativos entre las actividades espaciales y el ambiente; la notificación y registro de actividades espaciales; la investigación científica; la explotación de recursos naturales en el espacio ultraterrestre y la conciliación de disputas entre Estados debido a actividades espaciales.

El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes.

Este tratado[1] fue puesto a consideración del Subcomité Legal del COPUOS en 1966, se adoptó por la Asamblea General de la ONU en la resolución 2222(XXI)[2] y entró en vigor el 10 de octubre de 1967. El contenido del tratado se basó considerablemente en la Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre[3] que fue adoptada por la Asamblea General en 1962.

Este tratado provee el marco de referencia básico del derecho espacial, incluyendo los siguientes principios:

  1. La exploración y utilización del espacio ultraterrestre debe ser llevado a cabo para el beneficio y los intereses de todas las naciones y debe ser patrimonio de la humanidad;
  2. El espacio ultraterrestre debe ser libre para la exploración y utilización por todos los Estados;
  3. El espacio ultraterrestre no podrá ser objeto de apropiación nacional por medio de la proclamación de soberanía, la ocupación o por cualquier otro medio;
  4. Los Estados no podrán colocar armas nucleares o armas de destrucción masiva en órbita, en cuerpos celestes o en el espacio o de cualquier otra manera;
  5. La luna y cualquier otro cuerpo celeste solo podrá ser usado para propósitos pacíficos;
  6. Los astronautas se consideraran como embajadores de la humanidad;
  7. Los Estados serán responsables de las actividades espaciales nacionales independientemente si son llevadas a cabo por agencias de gobierno o no gubernamentales;
  8. Los Estados serán responsables de los daños causados por sus objetos espaciales; y
  9. Los Estados deberán evitar la contaminación dañina del espacio o de los cuerpos celestes.

Al primero de enero de 2016, 129 países han firmado este tratado, incluyendo México [4].

Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre

El acuerdo sobre salvamento[5] fue negociado por el Subcomité Legal del COPUOS desde 1962 hasta 1967. En la Asamblea General de la ONU de 1967 se llegó a un conceso sobre el Acuerdo[6] y éste entró en vigor en diciembre de 1968. El Acuerdo básicamente profundiza en los artículos 5 y 8 del tratado de espacio ultraterrestre y en él se establece que los Estados adoptarán todas las medidas posibles para rescatar y auxiliar a astronautas en peligro y retornarlos lo más rápidamente posible al país de origen. Así mismo, el acuerdo también establece que los Estados deberán apoyar en la recuperación de objetos espaciales que hayan retornado a la Tierra fuera del territorio del Estado lanzador.

Al primero de enero de 2016, este acuerdo lo han firmado 108 Estados, incluido México[4].

Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales

El convenio sobre responsabilidad[7] fue elaborado y negociado entre 1963 y 1972. En 1972 se llegó a un consenso en la Asamblea General de la ONU[8] y entró en vigor en septiembre de ese mismo año. El convenio de responsabilidad prevé que un Estado de lanzamiento será responsable absoluto de los daños que se causen en la superficie de la Tierra o en aeronaves y responsable de los daños que se causen a otros objetos espaciales. Un Estado solo podrá ser responsable de los daños que un objeto espacial de su propiedad cause a otro objeto espacial de otro Estado, cuando las causas que originaron el daño sean su responsabilidad.

En el caso de lanzamientos en donde participen dos o más Estados, todos serán responsables solidarios por los daños que su objeto espacial pudiese causar en la superficie de la Tierra o fuera de la misma.

El Convenio también prevé procedimientos para la resolución de las reclamaciones por daños y perjuicios. Para efectos de este convenio, se precisaron los siguientes términos:

  • Daño, cualquier pérdida de vida, lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida o daño de bienes de Estados, o de personas fiscas o morales, o de organizaciones internacionales intergubernamentales;
  • Lanzamiento, incluye también todo intento de lanzamiento
  • Estado de lanzamiento,
  1. Un Estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial
  2. Un Estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial;
  • Objeto espacial, también incluye las partes o componentes de un objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus partes.

Al 1 de enero de 2016, 113 Estados han firmado el Convenio, incluido México[4].

Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre

El Convenio de Registro[9] fue adoptado por la ONU en 1975[10] y entró en vigor en 1976. Dicho convenio requiere que los Estados envíen información a la ONU que permita la identificación de los objetos espaciales en órbita. Cabe destacar, que la ONU ya llevaba un registro de objetos espaciales de acuerdo a la Resolución 1721B (XVI) de 1961[11]. Este Convenio, complementa la Resolución anterior con detalles sobre la información que se debe entregar así como aspectos relacionados el Convenio de Responsabilidad. El acceso a la información de este registro será público y de libre acceso.

Cuando haya dos o más Estados de lanzamiento con respecto a un objeto espacial lanzado en órbita terrestre o más allá, dichos Estados deberán determinar cuál Estado se considera el Estado de registro. Solo puede haber un Estado de registro por objeto espacial.

Bajo este Convenio, los Estados que lancen un objeto espacial en órbita terrestre o más allá, deberán registrarlo por medio de su inscripción en un registro nacional que se llevará para tal efecto. Todos los Estados de lanzamiento notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas sobre la creación de este registro.

En el caso de México, la AEM es la encargada de llevar dicho registro como se establece en la nota verbal de fecha 31 de octubre de 2013 dirigida al Secretario General por la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas (Viena). En dicho aviso se informa que el registro se estableció el 1 de marzo de 2013 y su mantenimiento estará a cargo de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de Seguridad en Materia Espacial de la AEM[12].

Independientemente del registro nacional, el Secretario General de las Naciones Unidas llevará un registro en el que se inscribirá la siguiente información:

  • Nombre del Estado o de los Estados de lanzamiento;
  • Una designación del objeto espacial o su número de registro;
  • Fecha y territorio o lugar de lanzamiento;
  • Parámetros orbitales básicos, incluso:
  1. Periodo nodal;
  2. Inclinación;
  3. Apogeo; y
  4. Perigeo.
  • Función general del objeto espacial

El Estado de registro proporcionará esta información al Secretario General de las Naciones Unidas en cuanto sea factible.

Al 1 de enero de 2016, 66 Estados han firmado el acuerdo, incluido México[4].

Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes

El acuerdo fue adoptado por la Asamblea General en 1979[13], pero no fue hasta 1984 que entró en vigor debido a que se requerían que cinco estados lo firmaran y ratificaran.

El acuerdo reafirma y complementa lo estipulado en el Tratado del Espacio Ultraterrestre[1] en relación a la Luna y otros cuerpos celestes: La luna y los cuerpos celestes deben ser usados exclusivamente para fines pacíficos; su ambiente no debe ser alterado; y la ONU debe ser informada de la localización y propósito de cualquier instalación en dichos cuerpos. El acuerdo también estipula que la luna y sus recursos naturales son herencia común de la humanidad y que para su explotación, se debe establecer un régimen internacional que gestione la explotación de dichos recursos.

Al 1 de enero de 2016, 20 Estados han firmado el acuerdo, incluyendo México[4].

Enlaces externos

Referencias

  1. 1,0 1,1 Tratado del espacio ultraterrestre de las Naciones Unidas
  2. Resolución 2222(XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
  3. Declaración de principios jurídicos que deben regir las actividades espaciales
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Status of International Agreements relating to activities in outer space as at 1 January 2016 Legal Subcommittee. 2016. Disponible en http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/status/index.html
  5. Acuerdo sobre salvamento
  6. Resolución 2345 (XXII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
  7. Convenio sobre responsabilidad - UNOOSA
  8. Resolución 2777 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
  9. Convenio de Registro - UNOOSA
  10. Resolución 3235 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
  11. Resolución 1721B (XVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas
  12. Notificación del establecimiento del registro nacional de objetos lanzados en órbita terrestre o en un punto más distante
  13. Resolución 34/68 de la Asamblea General de las Naciones Unidas